El expresidente Alvaro Uribe Velez presentó un proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Dicho proyecto fue presentado en la legislatura del 2019 antes de la crisis generada por el COVID 19 y de declararse la pandemia. A pesar ello, el proyecto avanzó, fue conciliado y pasará a sanción presidencial. El tema no solo se quedó en el ámbito económico y social, si no también se tornó un tema político. Si bien afecta el gasto público y por ende podría ser objetado, ¿cómo hacerlo si el proyecto es del jefe del partido de gobierno? y además al expresidente Uribe siempre le han criticado por su participación en la ley 50 (temas laborales) y en la ley 100 (Pensiones y salud) y esta ley sería una forma de mostrar un favorecimiento a los trabajadores. Es más, la reducción de la jornada laboral ha sido una bandera de los trabajadores y sindicatos.
Varios países han avanzado en la misma dirección, pero son países con mejor grado de desarrollo, menor informalidad y menos cargas parafiscales. Tradicionalmente la seguridad social de esos países se centra en pensiones y salud, mientras que en Colombia hay otros aportes: ICBF, SENA, cajas de compensación , ARL entre otras. La reducción de la jordana de trabajo busca un mayor equilibrio entre el trabajo y la dedicación a la familia o aumentar el empleo. En muchos países aún está en discusión el impacto de la reducción de la jornada laboral; en otros como España, dentro del plan 2050, tiene previsto una reducción mayor hacia las 35 horas a la semana.
El impacto en Colombia será diverso. La jornada en las oficinas es menor a 48 horas. Pero hay procesos productivos continuos que tendrán que emplear un turno adicional o contratar horas extras, o el comercio y parte del sector servicios tienen jornadas extendidas que verán afectados sus costos laborales. Si no se registran aumentos importantes en productividad habría perdida en competitividad.
Afortunadamente los congresistas y el autor del proyecto entendieron las preocupaciones de los gremios y del sector empresarial y, por ello, la reducción de la jornada laboral será gradual así: pasados dos años de sancionada la ley la jornada será de 47 horas a la semana, al tercer año será de 46 horas, y a partir del cuarto año se reducirá en dos horas cada año hasta llegar a 42 horas.
Se encuentra radicado el texto de conciliación del siguiente Proyecto de Ley:
Proyecto de Ley N° 340 de 2020 Cámara, 210 de 2020 Senado
El proyecto extiende el PAEF hasta marzo de 2021, y el PAP lo extiende a la prima de servicios de diciembre a título de reembolso, es decir se pagará en el primer trimestre 2021.
Se incluye un apoyo especial para los sectores turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.
Según cifras de la Unidad de Pensiones y Parafiscales -UGPP- por el Programa de Apoyo de Empleo Formal (PAEF) se giraron recursos por $3.1 billones durante cuatro meses ($775 mil millones por mes), beneficiando a 111.956 personas jurídicas y 22.413 personas naturales, 3.375.615 empleos protegidos. Y por el Programa de Apoyo al pago de la Prima (PAP) se desembolsaron $189.000 millones para 860.246 trabajadores. La semana entrante se aprobará la conciliación y pasará a sanción presidencial.
El Presupuesto General de la nación incluye gastos por $314 billones, un 19% más frente al presentado respecto del 2020 y representa el 27,7% del Producto Interno Bruto. De los $314 billones de pesos, $185 billones corresponden a gastos de funcionamiento, equivalen al 59% del total del presupuesto, con un crecimiento del 11%; $76 billones corresponden el servicio de la deuda, representan el 24,2% y aumentaría el 41,6%; y los $53 billones restantes son para inversión, pesan el 16,9% y crecería el 23,1%. Dichas variaciones tienen como referencia el presupuesto ajustado por el gobierno, pues el aprobado por el Congreso difiere en su monto. En los últimos presupuestos se ha solicitado, en el primer debate, menos amortización a la deuda y más inversión, pero en la práctica esto no se ha cumplido y nada raro sería que se repita la historia en el 2021.
Si se tiene en cuenta que los mayores gastos por la pandemia se reflejan en el 2020, los aumentos para el 2021 son significativamente altos aún si se excluye el servicio de la deuda y más si se comparan con una inflación del 2% al 3%.
Las proyecciones macroeconómicas se afectan permanentemente por las condiciones cambiantes en los ámbitos nacional e internacional y a medida que se conocen los datos reales. Frente a las proyecciones del gobierno consideramos que la caída en la economía va ser superior en este año, la inflación un poco menor, los impuestos sobre la renta se perciben optimistas por lo que el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento también serán mayores. Aún con la recuperación de la economía en el 2021, que creemos se dará, lo más probable es que quedemos con un PIB nominal igual al del 2019 y un PIB nominal per cápita similar al del 2018.
Coincidimos que los impuestos indirectos mejorarán en el 2021, pero tenemos dudas sobre el aumento esperado en el impuesto de renta. Las utilidades de las empresas caerán fuertemente, los ingresos de las personas naturales también se han afectado por la reducción salarial y por el alto desempleo. Además, algunas rentas de capital, principalmente por arriendos y los dividendos, se afectarán sustancialmente. Lo anterior puede ser indicativo de un mayor déficit fiscal al estimado como lo anotamos atrás.
En el proyecto de ley se explica ampliamente y con detalles los datos del presupuesto del año en consideración, pero no mucho los cambios que trae el presupuesto del año anterior: $263,5 billones registra el gobierno para el 2020 vs $271,7 billones el aprobado por el congreso. ¿Qué se aplazó o pospuso? ¿Cuáles recursos se reasignaron?
Hay dos rubros adicionales en el presupuesto que muestran alguna fragilidad en los ingresos: las enajenaciones ($12 billones) y el denominado otros recursos de capital ($26,1 billones) que según la exposición de motivos corresponde a “estimaciones de financiamiento requerido para asegurar la ejecución del presupuesto”, lo cual suena muy general, algo así como una variable de ajuste. El no incluirlos implicaría presentar el presupuesto desfinanciado y obligaría de inmediato a presentar una reforma tributaria. ¿Puede esta cifra ser un indicativo de la magnitud de la reforma tributaria futura?