En el gobierno del presidente Duque se registró el Presupuesto General de la Nación por un monto de $391.4 billones. Este valor fue reajustado a $405 billones por el gobierno del presidente Petro. Así las cosas, el presupuesto aprobado aumentaría el 15% entre el 2022 y el 2023. Se aclara que esta cifra no incluye los recursos esperados de la reforma tributaria en estudio en el Congreso.
De los $405 billones, $264.3 billones provendrían de ingresos tributarios, representaría el 65% y aumentarían el 45.3% respecto al 2022; $120 billones, es decir, el 30% se financiaría con recursos de capital, y disminuiría el 19.7% frente al 2022; y el 5% restante, $21.5 billones, correspondería a recursos de los fondos especiales y de las rentas parafiscales.
Vale la pena resaltar que los ingresos tributarios estimados en el presupuesto del 2021 para el año 2022 se calculaban en $167 billones. Sin embargo, lo recaudado entren enero y septiembre del 2022 ($177 billones) supera la meta del año completo. Lo más probable es que alcancemos una cifra superior a los $230 billones. Este mejor recaudo es el resultado del mayor crecimiento económico, de la gestión de la DIAN y de la reforma tributaria pasada (recuérdese que el cambio fundamental se dio en el impuesto a renta a las empresas, elevando la tarifa de renta del 30% al 35%). Por esta razón se argumentaba que no era prudente una reforma tributaria en las circunstancias actuales.
Del lado del gasto, los de funcionamiento equivaldrían a $253 billones, con una participación del 63% y crecerían el 20% frente al 2022. El servicio de la deuda alcanzaría los $78 billones, representaría el 19% dentro del presupuesto, y aumentaría el 9%. La inversión totalizaría $74 billones, pesa el 18% y aumentaría el 6.6%, con lo cual registraría una caída en términos reales.
El presupuesto inicial fue elaborado con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022, y debido al buen desempeño de la economía en el 2022 el ministro de Hacienda actual ajustó al alza el crecimiento económico para el 2022 del 6.5% al 7.7%, pero a la baja el pronóstico para el 2023, del 3.2% al 1.8% ante las preocupaciones de la economía mundial. Sin embargo, no se precisa en la ponencia el ajuste para otras variables como la inflación y la devaluación, que están muy lejos de las pronosticadas. La primera, será superior al 10% y la segunda, entre enero y octubre tiene un valor promedio de $4.127 por dólar. Ambas variables muy importantes por su impacto en salarios, pensiones y en deuda externa. Otra variable de preocupación tiene que ver con lo que está ocurriendo con las tasas de interés nacionales e internacionales, ya que encarece el servicio de la deuda interna y externa.
Por otro lado, de no darse claridad sobre el tratamiento tributario al sector minero y de hidrocarburos, y sobre la continuidad en la exploración futura, el impacto de la mayor devaluación restará recursos a los programas sociales para atender la deuda o requerirá más deuda poniendo en peligro los parámetros de la regla fiscal. También afectará la inversión en estos sectores por la alta carga tributaria y por la elevación de los impuestos a otras actividades económicas ( renta mínima, dividendos, tratamiento del ICA, eliminación de beneficios, entre otros).
Pero además de la afectar la inversión, la reforma tributaria también actuará negativamente sobre el consumo y el ahorro y la inflación. En el primer caso al bajar el ingreso disponible de las personas y en el segundo al elevar los costos y precios de muchos alimentos (impuesto a bebidas azucaradas y a productos procesados). Por lo tanto, la reforma contribuirá a desacelerar aún más la economía en momentos que se requiere todo lo contrario y, desde luego, con menor crecimiento se esperaría menor recaudo tributarios vs lo esperado.